EL ACUSADO FUE CONDENADO, ADEMÁS, A UNA MULTA DE 75.000 EUROS, FRENTE A LOS 100.000 RECLAMADOS POR LA ACUSACIÓN
Mas, de 74 años, fundó en 1991 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP),
convertido en el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias gracias a
sus implantes de bajo coste, fabricados con un gel no homologado por
las autoridades.
El acusado fue condenado, además, a una multa de 75.000 euros, frente a
los 100.000 reclamados por la acusación, y a la prohibición de ejercer
una profesión en el terreno sanitario o médico.
Mas deberá, además, indemnizar a las casi 5.000 víctimas que se
personaron en el juicio por daños morales y ansiedad, así como perjuicio
corporal, con un máximo de 13.000 euros.
Los abogados del fundador de PIP anunciaron que apelarán la condena, por lo que, por el momento, no ingresará en prisión.
Además del creador de las prótesis PIP, el Tribunal condenó a otros
cuatro trabajadores de la empresa a penas de entre tres años de cárcel,
con dos exentos de cumplimiento, y año y medio de prisión sin
cumplimiento.
Todos ellos han sido considerados culpables de haber puesto en marcha un
proceso para engañar a las autoridades sanitarias francesas y poder
fabricar en su planta del sureste francés prótesis con un gel no
homologado, derivado de una silicona industrial diez veces más barata
que la de sus competidores, lo que les convertía en las más competitivas
del mercado.
Hasta su prohibición en 2010, poco después de que se multiplicaran los
incidentes con las prótesis mamarias PIP, la acusación estimó que la
empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.
PIP llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia,
esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se
estima que 33.000 mujeres fueron operadas para implantarles esas
prótesis.
Pese a las acusaciones de fraude, durante el juicio Mas confesó utilizar
una silicona industrial, pero afirmó que sus prótesis no tenían ningún
riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo llevaron ante los
tribunales de ser "frágiles" y de pretender "sacarle el dinero".
Un dinero que asegura que no tiene, porque, según explicó en la
audiencia, el cierre de su empresa le dejó en la ruina, algo que los
abogados de las denunciantes consideran falso, por lo que han pedido que
se investigue la posibilidad de que tenga fondos ocultos en paraísos
fiscales.
En el ojo del huracán también está ahora la empresa alemana Tüv, que
durante años certificó las prótesis de PIP y pasaba por alto que estaban
fabricadas con un gel no homologado.
Esta empresa fue condenada por el Tribunal de Comercio de Toulon a
indemnizar a 1.500 víctimas, pero el recurso presentado por sus abogados
ha retrasado los pagos.
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